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24 de marzo. Día Nacional de la Memoria

por la Verdad y la Justicia

Se conmemora el Golpe de Estado de 1976, el último y más
sangriento de la historia argentina y a las 30 mil víctimas del
terrorismo de Estado.

El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado cívico-militar
derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela
Martínez de Perón e instauró una dictadura que gobernó la Argentina
entre 1976 y 1983 a través de una Junta Militar encabezada por los
comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército),
Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).Se
autodenominó  “Proceso de Reorganización Nacional” y es por eso que
suele ser referida simplemente como «el Proceso». 

Nunca Más. Lic. Antonio Di Génova. Pte. de REDIRP

Los golpistas tomaron al poder en un contexto de violencia creciente,
caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por
las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de
organizaciones guerrilleras.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del
terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia,
coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países
sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los
principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de
poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y
la pasividad de la comunidad internacional.

El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a decenas de
miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles
sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros
clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas
detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los
desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados
en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Otro
perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de
madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar. De esos
más de 500 niños apropiados, casi 100 ya han recobrado su verdadera
identidad gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a
cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo
el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz,
se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales,
siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago,
que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y
concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el
campo. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente
la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las
décadas anteriores la misma no había superado el 10%.

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el
Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta
militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30
de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica
Radical, Raúl Alfonsín.

Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados
por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del
Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las
violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como
resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron
condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron
enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del
presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos
que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes
guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación
de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los
desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se
iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en
España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En
2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de
captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la
República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la
justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes
de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última
dictadura. En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que siguen en
marcha. En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día
Nacional de la Memoria y la Justicia y como feriado nacional a través de
la Ley 26.085.

 

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